miércoles, 11 de marzo de 2015

LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN Y SUS CONCLUSIONES

LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN Y SUS CONCLUSIONES - PERUVIAN TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION (TRC) AND CONCLUSIONS
Autor: Miguel Ruiz de Castilla
12 de marzo de 2015
Lima - Perú

RESUMEN:
A casi tres décadas de su creación, en este articulo, se evalúa a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el contexto en que tuvo lugar y se ensaya una valoración desde varios puntos de vista.
ABSTRACT
Nearly three decades after its creation, in this article, we evaluate the Commission of Truth and Reconciliation Commission (TRC) in the context in which it took place and an assessment is tested from several points of view.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue la comisión encargada de elaborar un informe sobre la violencia acaecida en el Perú durante el periodo 1980-2000. Creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil[1]. La CVR se propuso investigar la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y también intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió el testimonio de 16,985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9,500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto del 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo. (CVR, 2014)
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METODOS UTILIZADOS POR LA CVR

A juzgar por sus objetivos, y por la conformación de sus integrantes, la CVR cumplió el papel de un grupo de estudio social que se acercaba a un fenómeno de violencia. Buscaban como dice el primer objetivo: “Analizar el contexto, las condiciones políticas, sociales y culturales así como los comportamientos que contribuyeron a la situación de violencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad” (CVR, 2014, pág. Objetivos). La metodología utilizada es claramente la usual en los estudios sociales. Recordemos que sobre todo en Sociología los métodos empleados son: El comparativo, basado en la comparación entre grupos para identificar diferencias y similitudes. El histórico, que estudia procesos y eventos para encontrar las raíces de la naturaleza social involucrada. El estadístico o cuantitativo, se vale del uso numérico para estudiar los fenómenos. El estudio de casos, se toman problemas y se definen variables para luego estudiar y extrapolar a otros casos representativos. El método experimental, que busca manipular variables para estudiar sus efectos; se trabaja con hipótesis que en base a la experimentación empírica van siendo aceptadas o refutadas. El método funcionalista, se fija especialmente en los roles o funciones de los grupos y estructuras sociales. (Tuspreguntas, 2012) Es claro que la CVR recurrió a la metodología de los estudios sociales tratando de desentrañar el fenómeno de violencia social, lo cual no sorprende, pues varios de sus integrantes provienen del área de los estudios sociales, o algunos comisionados, aunque estrictamente no fueran académicos de las ciencias sociales, estaban vinculados de alguna manera a actividades de promoción y activismo social de la llamada izquierda progresista[2].
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El informe final de la CVR incluye multitud de temas y rubros, ordenados en 9 tomos y 6 anexos, que luego de 2 años y 3 meses fueron presentados ante el presidente Alejandro Toledo el 28 de agosto de 2003. (CVR, 2014, pág. Informe Final) Las conclusiones de la CVR, tienen características relevantes, como la persistencia de las frases: “La CVR ha constatado”, “ha comprobado”, “ha determinado”, etc. (CVR, 2014, pág. Conclusiones) Todo aquello revela la metodología utilizada y el talante predominante en los trabajos de la Comisión, que establecen parámetros extrapolados propios y típicos de los estudios sociales.

CRITICAS A LA CVR Y VALORACION GENERAL DEL DOCUMENTO

La crítica más persistente por parte de aquellos que cuestionan en informe final de la CVR, fue la procedencia ideológica de sus integrantes, la mayoría del sector de la llamada izquierda progresista, con casos emblemáticos de algunos comisionados cuyo perfil podía confirmar las sospechas de sus detractores[3]. Otra crítica frecuente fue que siendo las fuerzas del orden, uno de los bandos en conflicto, ésta no estuviera representada de manera proporcional; la presencia de un solo militar -Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Grazziani- no expresaba claramente la voz de las FFAA, descontento y disconformidad que se expresó en una carta singular de Grazziani que fue incluida a último momento y que puede ser leída en el Informe Final de la CVR. (CVR, 2003, pág. Carta)
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Otra crítica que parecería de fondo, es que la CVR desbordó sus pretensiones iniciales expresadas en sus propios objetivos. Por ejemplo el tercer objetivo de la CVR decía a la letra: “Procurar la determinación del paradero, identificación y situación de las víctimas y en lo posible, determinar las responsabilidades correspondientes. La Comisión no sustituye al Poder Judicial ni al Ministerio Público, pues no cuenta con funciones jurisdiccionales”. (CVR, 2014, pág. Objetivos) Los críticos aducen que el Informe de la CVR y las opiniones de los comisionados, excedían sus funciones y atribuciones primigenias; el documento no es de ninguna manera vinculante ni puede tomarse como una verdad absoluta y para ello argumentan multitud de razones, algunas muy atendibles.
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Se cuestionó que la CVR utilizara un método equivocado para determinar la cantidad de víctimas, el llamado método de “Estimación de Múltiples Sistemas”, un método que es actualmente usado para contar los peces bajo el mar, y estimar las vedas pesqueras. La CVR usó ese método para determinar que hubo 69,280 muertos resultantes de la violencia armada en 20 años de violencia interna. (Caretas, 2003) Los comisionados adujeron después que la cifra ascendía en realidad a “sólo 23,969” (Albán, 2013), pero esa última cifra no aparece en el Informe Final y si era como se dijo después, no debió mencionarse nunca esa espantosa y equívoca cifra inicial.

NOTA IMPORTANTE: Este artículo fue redactado en Lima (Perú) el 14 de agosto de 2014, como parte de una investigación que intentaba establecer puntos de contacto entre el Derecho y otras disciplinas sociales (antropología, sociología, lingüística, etc.).

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[1] Dr. Salomón Lerner Febres - Presidente de la CVR. Doctor en Filosofía y rector PUCP. Dr. Beatriz Alva Hart - Abogada y ex congresista de la república. Dr. Rolando Ames Cobián - Sociólogo, investigador y analista político. Ex senador de la República. Monseñor José Antúnez de Mayolo - Sacerdote salesiano, ex administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho. Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Grazziani - Experto en temas de seguridad nacional. Dr.Enrique Bernales Ballesteros - Doctor en Derecho, constitucionalista, Director Ejecutivo de la ONG Comisión Andina de Juristas. Ex Congresista de la República. Dr. Carlos Iván Degregori Caso - Antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto de Estudios Peruanos. Padre Gastón Garatea Yori - Sacerdote de los Sagrados Corazones y Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Pastor Humberto Lay Sun - Arquitecto, líder de las Asambleas de Dios, denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP. Sra. Sofía Macher Batanero - Socióloga, ex Secretaria Ejecutiva de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ing. Alberto Morote Sánchez - Ex Rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ing. Carlos Tapia García - Investigador y analista político. Ex Diputado de la República. Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi en calidad de observador - Obispo de Chimbote y ex Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. (CVR, 2014, pág. Comisionados)
[2] La CVR atendiendo estrictamente a la profesión formal de sus integrantes, estuvo conformada por filósofos (1), abogados (2), sociólogos (2), antropólogos (1), religiosos católicos (3), pastor evangélico (1), ingenieros (2), militares (1). Sin embargo hubo para muchos un notorio predominio de comisionados pertenecientes a la sociedad civil de la izquierda progresista.
[3] El comisionado Alberto Morote Sánchez es primo del considerado número 2 de SL, Osmán Morote Barrionuevo, quien aún purga condena. También es sobrino de Efraín Morote Best, amigo personal de Abimael Guzmán, con quien compartió aulas cuando se desempeñaba como rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y a quien defendía en todos los idiomas. Morote Best, en su momento, fue acusado de ser el padre espiritual del pensamiento maoísta en nuestro país. Todavía se recuerda este elogio formulado al llamado “presidente Gonzalo” durante una entrevista a una revista local: “Tengo nítidos recuerdos de admiración y respeto del doctor Abimael Guzmán como hombre intelectual, profesor...” (ADDCOT, 2010)

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